El panorama mundial sobre la movilidad urbana plantea un desafío masivo porque las grandes ciudades deben comenzar a adaptarse a la idea de que el porcentaje de habitantes se duplicará, al igual que el número de traslados.

El desplazamiento de millones de personas es una variante en su calidad de vida y afronta retos de gobernabilidad y contaminación.

Se debe considerar a la movilidad como un derecho humano que garantiza los servicios, bienes y espacios para el desarrollo pleno y mejor calidad de vida.

Con esto inicia la transición hacia un nuevo modelo que permita lograr la integración en los sistemas de transporte y movilidad, el reconocimiento de la seguridad vial como eje rector de la política pública y una nueva jerarquía Constitucional, que otorga prioridad a los usuarios más vulnerables de la vía.